El chorco de los lobos

Tras el demoledor informe de FTI
La CNMV estrecha el cerco sobre Urbas y ordena a Deloitte indagar más operaciones sospechosas
El supervisor amplía el perímetro del 'forensic' encargado a la auditora ante la sospecha de nuevas operaciones dudosas entre 2018 y 2020

El mes pasado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) obligó a Urbas Grupo Financiero a encargar un forensic contable con el fin de detectar posibles irregularidades en sus cuentas. Como ya adelantó este medio, el mandato recayó en Deloitte. Según ha podido confirmar El Confidencial, la firma de servicios profesionales entregó a finales de septiembre el borrador de su informe, pero el supervisor ha ordenado ampliar el perímetro de revisión al sospechar que existen más operaciones que podrían presentar irregularidades.

Fuentes próximas al proceso explican que la CNMV ha exigido a Deloitte extender su investigación a ejercicios anteriores —concretamente 2018, 2019 y 2020— para analizar una serie de transacciones que ya fueron señaladas por FTI Consulting en su informe sobre las mayorías presentadas por Urbas para sacar adelante su plan de reestructuración.

Ese documento, encargado por los acreedores y elaborado en el marco del procedimiento judicial, cuestionaba la validez de las adhesiones presentadas por la constructora y ponía en duda parte de la contabilidad de los ejercicios previos. Como ya contó este medio, la compañía intentó sacar adelante su plan de reestructuración con el único apoyo de cinco de los 270 acreedores, tres de ellos vinculados al propio grupo, pese a que la operación afectaba a un pasivo de más de 300 millones de euros.

El nuevo encargo a Deloitte llega en un momento de máxima tensión interna dentro del grupo, que permanece con su cotización suspendida desde abril y con el reloj corriendo en su contra tras la solicitud del concurso voluntario de acreedores el pasado septiembre. Además, a día de hoy, su actual auditor sigue sin avalar las cuentas de 2024 de la constructora cotizada.


La decisión de la CNMV de forzar la investigación forense se produjo tras detectar una “posible filtración en prensa”, según reconoció la propia Urbas en un comunicado oficial remitido al regulador el 15 de septiembre. Aunque la compañía no lo mencionó expresamente, la filtración se produjo tras una consulta realizada por este medio.

En una maniobra de comunicación corporativa nunca antes vista, Urbas admitió la dudosa titularidad de 1.598 millones de acciones propias, lo que provocó que gran parte de la prensa económica se hiciera eco del problema.

Para evitar confusiones, Urbas salió al paso explicando que había dado de baja esas acciones en sus cuentas —alegando que el movimiento no afectaba a su patrimonio— y que, por prudencia, había encargado a una 'Big Four' un informe independiente para esclarecer la trazabilidad de la operación y, en su caso, emprender acciones legales. Esa 'Big Four' era Deloitte, a instancias directas de la CNMV.
Una boda antes de la tormenta

Mientras Deloitte amplía su investigación, la dirección de Urbas permanece prácticamente paralizada. Pese a la gravedad de la situación, los principales ejecutivos de la compañía decidieron no adoptar decisiones estratégicas hasta después de la boda del hijo de Juan Antonio Ibáñez, actual vicepresidente y segundo mayor accionista de la constructora, con un 20,1% del capital.

El enlace, celebrado este pasado fin de semana, se ha convertido en un episodio simbólico del momento que atraviesa Urbas. Un encuentro que reunió a amigos y no tan amigos del grupo, con presencia de algunos de los protagonistas de la crisis corporativa, en un ambiente de máxima tensión interna.

A todos los problemas de financiación y reestructuración se suma un juicio pendiente en la Audiencia Nacional, en el que la Fiscalía ha solicitado penas de cárcel de ocho años para Juan Antonio Acedo y para su antecesor en el cargo.

El aplazamiento de decisiones críticas refleja el bloqueo que atraviesa Urbas, atrapada entre la crisis financiera y una dirección fracturada. El relevo en la cúpula, adelantado por este medio, sigue en el aire. Juan Antonio Acedo, presidente desde 2019, ha trasladado su intención de abandonar el cargo, una decisión que, según distintas fuentes, cuenta con el visto bueno de parte de los accionistas y de los acreedores, que consideran su salida un paso necesario para restaurar la confianza y abrir la puerta a nueva financiación.

Sin embargo, el movimiento permanece congelado a la espera de que el juzgado designe un administrador concursal, figura clave para pilotar la transición y dotar de credibilidad al proceso. Mientras tanto, la compañía permanece prácticamente paralizada, con un consejo dividido entre quienes apuestan por una reestructuración pactada con la banca y quienes prefieren mantener el control del grupo a toda costa.

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